“Si alguna empresa, a lo largo de la vigencia de su contrato, comete un acto ilícito, un acto de corrupción se aplicará la cláusula anticorrupción y eso significará que terminemos el contrato con esa empresa y recuperemos inmediatamente los recursos públicos que se hayan destinado a esa obra, contratación o cualquier servicio que hayamos contratado”, explicó Lima.
La aplicación de la cláusula anticorrupción será obligatoria para todas las empresas que firmen un contrato con el Estado.
Esta cláusula anticorrupción tiene una larga data de creación y es aplicada por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
De acuerdo con el ministro, en la actualidad si se evidencia un hecho de corrupción en alguna obra, para la recuperación de los capitales se debe ir ante un juez para, primero, anular el contrato, y luego activar un proceso coactivo contra la empresa.
Si se aprueba el proyecto de ley este procedimiento se “facilitará” porque el contrato establecerá una “manera inmediata de interrumpir el contrato y de recuperar el patrimonio de los bolivianos”.
El proyecto normativo fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con el objetivo de reforzar la prevención y generar alertas tempranas.
La propuesta va en la línea de la política plurinacional de lucha contra la corrupción que marca el camino a seguir con el objetivo de erradicar el ilícito a través de directrices de prevención y lucha contra la corrupción como un asunto de prioridad del Estado.
Los empresarios podrán abrir una cuenta única donde se deposite todos los recursos públicos y se pueda fiscalizar de forma constante el gasto.
El Ministerio de Justicia publicará la lista de integridad de las empresas, en la que figurarán tanto las que acepten las reglas de transparencia y también las que no lo hagan.
(Fuente: ATB digital)
