Desde el exilio, excanciller Longaric denunció ‘persecución política y acoso judicial’ ante la CIDH

“Después de mi gestión como canciller, he sido víctima de persecución política mediante la manipulación del derecho penal, lo que ha violado mi derecho al debido proceso y acceso a la justicia”, dice la denuncia de Longaric difundida por el exdiplomático Jaime Aparicio.

Según Longaric, en ese contexto de persecución, se vio obligada a salir de Bolivia para resguardar su derecho a vivir en libertad, pero también sobrellevando lo que significa vivir en el exilio.

En el documento Longaric menciona siete procesos que se habrían iniciado en su contra, de manera injustificada o sin proporcionarle la información completa.

Consideró que es una flagrante vulneración de sus derechos y señaló que ha acudido a la Defensoría del Pueblo, sin que haya una intervención oportuna de esa entidad.

“Por este tipo de acusaciones infundadas y persecutorias se ha ido socavando el estado de derecho y se ha creado una cultura de miedo e intimidación a través de citaciones a prestar declaraciones para activar los mecanismos de detención preventiva y así justificar abusos a los derechos humanos”, agrega su texto.

Este medio conoció también que Longaric ha presentado la denuncia a otros organismos internacionales, como Amnistía Internacional,  Human Rights Watch, Freedom House y al  instituto CASLA.

El primer proceso que denunció Longaric fue interpuesto por la Cancillería en su contra, por supuestamente no ejecutar plenamente un presupuesto destinado a la atención de bolivianos en el exterior durante la pandemia.

Aseveró que no existe elementos probatorios y que, bajo la lógica de esta denuncia, toda Máxima Autoridad Ejecutiva que no agote su ejecución por razones ajenas a su voluntad, tendría que ser juzgada como si confluyese el elemento de culpabilidad solo por razón del cargo.

En el segundo caso, se la denunció por un decreto y la aprobación del nuevo escalafón diplomático.

Sostuvo que en este caso hay una persecución selectiva del Ministerio Público, porque sólo se investiga a quienes ejecutaron el decreto y no así a quienes emitieron la ley que permitió la reglamentación del servicio diplomático.

“La investigación encarnizada de la UIF representa un tercer elemento de persecución pues no me ha permitido acceder a la información sobre mi caso y ha remitido directamente informe de inteligencia financiera a la fiscalía vulnerando así todo derecho al debido proceso, a ser oída y a la presunción de inocencia”, alertó.

En el cuarto caso, Longaric es acusada de nombramientos ilegales, porque habría designado como Ministro Consejero-Encargado de Negocios a un diplomático que gestionó la designación de un jurista boliviano para el Tribunal Andino de Justicia.

Cuestionó que se pretenda equiparar ese nombramiento con una “supuesta designación de Embajador Plenipotenciario, atribución que solo tiene la Asamblea Legislativa”.  Señaló que hay “malintencionadas tergiversaciones” para acosarla judicialmente.

La excanciller indicó que en este caso se llegó al extremo de haber expedido mandamiento de apremio contra su persona, por no haber asistido a la audiencia para prestar declaración informativa, a pesar de que mediante memorial aclaró que residía en Alemania.

Indicó que ha pedido prestar su declaración online, pero igual se ordenó su aprehensión.

El quinto caso es por incumplimiento de deberes y el sexto es un sumario administrativo, pero en ambos Longaric aseveró que no le dieron la posibilidad de conocer de qué se la está acusando.

En el séptimo caso, refirió que la Cancillería la acusa por daño económico al estado debido a  pasajes no utilizados. Al momento de la denuncia, la excanciller no había podido conocer algún documento al respecto a pesar de las gestiones que hizo su abogado.

(Fuente: Erbol)