Evidencias involucran a 4 instituciones y Gobierno admite penetración del narco

Las evidencias y declaraciones de implicados en el caso del narcovuelo, en el que se transportó 478 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Viru Viru a España, involucran al personal de cuatro instituciones del Estado, cuyos responsables incurrieron en contradicciones sobre el borrado de los videos de las cámaras de seguridad del día en el que se cargó la droga en un avión de BOA. Finalmente, el ministro Eduardo Del Castillo admitió que una “mafia internacional” del narco penetró al Gobierno por medio de funcionarios de distintas entidades.

“Como lo dijimos al inicio de la investigación, una cantidad tan grande (de cocaína) no pudo haber sido enviada a España sólo por dos personas (detenidas), ahora hay otros dos aprehendidos y otras (nueve) órdenes de aprehensión pendientes. Esta no es una organización que nace en nuestro país, es una mafia internacional que se origina en otros países, lamentablemente el narcotráfico ha permeado a funcionarios de distintas instituciones”, admitió Del Castillo.

Como ministro de Gobierno, a cargo de la Policía Boliviana, Del Castillo se refirió al trabajo que debieron cumplir en el “área estéril” del aeropuerto de Viru Viru, el 11 de febrero, los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que trabajan con apoyo de unidades caninas.

Además de la Felcn, las otras tres instituciones involucradas son la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA), la empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la Aduana Boliviana. Los expresidentes Evo Morales y Carlos Mesa, además de varios actores políticos, pidieron la destitución de las autoridades implicadas, incluido el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

En tanto, luego de la toma de declaraciones a varios funcionarios que trabajaron el día del envío en Viru Viru, se aprehendió y envió a la cárcel a dos trabajadores de BOA que presuntamente cargaron las cajas con cocaína. Su gerente, Ronald Casso, informó que también se destituyó al gerente regional, Carlos Moreno Méndez.

El exdirector regional de BOA fue señalado por los investigadores policiales de este caso por no responder cuando se le pidió una copia de la lista del personal de BOA que estaba de turno el 11 de febrero. Por ese motivo, la Fiscalía lo citó como testigo y determinó secuestrar un computador en el que está toda la información que no se les quiso entregar de forma voluntaria.

El director de Naabol, Elmer Pozo, informó que también se alejó del puesto al gerente regional de esa entidad en Santa Cruz y a otros tres funcionarios por los registros documentales y de las cámaras de seguridad que los involucran. En tanto, la presidenta de Aduana Boliviana, Karina Serrudo, incurrió en contradicciones con Byron Gerald Odian Torres, administrador regional en Viru Viru, que declaró ante la Fiscalía que, de manera irregular, el 30 de mayo, cuando comenzó la investigación interna en coordinación con el director de Naabol, se borraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del sistema de la Aduana. Sin embargo, Odian Torres afirmó que tenía un video que hizo con su celular al monitor donde revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se observa a dos funcionarios de BOA manipular la carga de ropa que se había declarado y que luego fue cambiada por cocaína. Pozo confirmó esta versión y el hecho de que se habían borrado los videos reveló que fueron esas imágenes las que se usaron para hacer la denuncia, señaló a la Aduana como la institución que debe explicar por qué se las eliminó del banco de datos. Serrudo, que en conferencia de prensa limita las preguntas de los periodistas a consultas por escrito, no aclaró si las imágenes fueron borradas y si éstas pueden ser recuperadas, la funcionaria se limitó a señalar que se entregaron “todos” los videos solicitados por la Fiscalía.

Al igual que el director de la Felcn, José Illanes, Serrudo señaló que “se tergiversó” la información. En el caso del jefe antidroga, el ministro Del Castillo le pidió que haga una rectificación sobre la versión que dio.

Según una publicación de DTV, Illanes afirmó que conocieron de la carga no declarada en febrero y recién en marzo se enteraron de que se trataba de droga. El hecho ahora es negado.

En el marco de esta investigación ya se envió a la cárcel a dos funcionarios de BOA. Anoche se aprehendió a otras dos personas que trabajaban en el área de carga, aunque aún se desconoce funcionarios de qué institución son. Asimismo, se conoce que hay otras nueve órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía. Entre los buscados están funcionarios de Naabol y BOA.

Hace unas horas se conoció de la aprehensión de la pareja de esposos, Ronald C. y Maribel R., dueños de la empresa courier “José María”, de Santa Cruz. Dicha firma declaró el envío de cuatro cajas que contenían vestidos, pantalones y objetos de estética, con un peso aproximado de 118 kilos; según la investigación, esa carga fue sustituida por los 478 kilos de cocaína que llegaron a España en el vuelo OB 776. También se conoció del pedido de videos de las cámaras de seguridad, que se hizo el 17 de febrero a Naabol y BOA, por parte del personal boliviano del Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (Aircop). La declaración del capitán Boris Villanueva revela que ambas instituciones le negaron la información, aunque él solicitó la reserva de las imágenes.