Tras la publicación de los abusos a niños por parte del padre Alfonso ‘Pica’ Pedrajas, la Compañía de Jesús y la Procuraduría del Estado formalizaron denuncias para que se investiguen los hechos, mientras que la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) pidió perdón a las víctimas y comprometió cooperar con las investigaciones en las instancias pertinentes.
La mañana de este miércoles, la Compañía de Jesús formalizó una denuncia para que se indaguen los abusos denunciados en una publicación del periódico El País, de España.
“En compromiso asumido frente a la población y las autoridades gubernamentales con las que hemos tomado contacto, vamos a formalizar la denuncia. El padre Bernardo Mercado va a firmar la denuncia para que se inicie con la investigación”, dijo la abogada de los jesuitas, Audalia Zurita, antes de ingresar a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en La Paz.
Mercado, superior provincial de la Compañía de Jesús, señaló que la denuncia será genérica basada en la publicación del periódico y que esta medida es parte del compromiso que asumieron con la justicia.
En otra de las acciones, la Compañía de Jesús suspendió a ocho religiosos de sus actividades pastorales y otras responsabilidades, algunos que fungieron como provinciales en la época de los abusos sexuales y otros que ejercieron dicho cargo en los años posteriores al fallecimiento del religioso.
Por la tarde, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, presentó ante la Fiscalía de La Paz otra denuncia por el mismo caso.
Chávez señaló que, de acuerdo con el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, le corresponde denunciar un hecho delictivo del que tuviera conocimiento, ante el Ministerio Público, para que investigue el presunto delito.
“En este caso, estamos hablando de una situación gravísima, que se ha dado afectando a niños y jóvenes en las ciudades de La Paz y Cochabamba (…) Obliga al Estado a tomar todas las medidas para la investigación de estos hechos y, en caso de no hacerlo, puede ser catalogado como responsable a nivel internacional”, manifestó.
La Defensoría del Pueblo también emitió un comunicado exigiendo al Gobierno intervenir y velar que las víctimas reciban asistencia integral. Además, exhortó a las autoridades eclesiásticas aplicar medidas de prevención y extremar esfuerzos para evitar que las niñas, niños y adolescentes se vean expuestos al peligro de sufrir una agresión sexual en instituciones de acogida o educativas.
Entre tanto, la diputada Estefanía Morales pidió el arraigo y la consecuente alerta migratoria contra los ocho sacerdotes jesuitas suspendidos, supuestamente comprometidos en la protección de Pedrajas, de quienes Morales pidió: “puedan ser juzgados por este proceso, en el grado de complicidad”.
La Iglesia
La CEB emitió un pronunciamiento donde condena los abusos y respalda las investigaciones, pero pide un proceso transparente. “Comprometemos nuestros buenos oficios para que la investigación se lleve en el marco de la transparencia e imparcialidad, esperando que el tema no se politice, como hemos visto que sucedió en algunas declaraciones sobre el tema”, dice el comunicado leído por el monseñor Giovani Arana, secretario general de la CEB.
Hizo notar también que la normativa canónica de la Iglesia católica no reemplaza la normativa civil del Estado, “por lo que confirmamos la voluntad de cooperar con las autoridades civiles en la búsqueda del buen y mejor cuidado de niños, adolescentes y jóvenes”.
Como lo hizo antes la Compañía de Jesús, congregación a la que perteneció ‘Pica’, la CEB también pidió perdón y comprometió apoyar a las víctimas.
“Como Iglesia condenamos estas acciones, nos solidarizamos con las víctimas que han sufrido hechos de abuso sexual, les pedimos perdón, y les manifestamos que compartimos su sufrimiento y decepción por estos graves hechos que han marcado sus vidas y han sido causa de profundo dolor. Nos comprometemos a brindarles apoyo, reafirmando nuestro compromiso fraterno de escucha y acompañamiento”, continúa el comunicado.
El País publicó un artículo sobre este caso de pederastia que involucra al jesuita español, ahora fallecido y quien durante varios años trabajó en Bolivia.
(Fuente: El Deber)
